Hace poco más de una semana la sociedad se conmocionaba frente un lamentable episodio que tenía por víctima a un conocido ex jugador de fútbol de la selección nacional.
De la mano de un importante operativo policial, quedaba nuevamente instalada dentro de la agenda social y también mediática la cuestión de la inseguridad.
Funcionarios y distintas personalidades opinaron sobre el problema, sin desaprovechar la posibilidad para criticar las posturas de sus interlocutores mostrándose, aparentemente más interesados en llevar agua para su propio molino que en resolver la cuestión de fondo.
La intención del presente comentario es aportar una visión diferente del problema, apelando a tal fin a conceptos de la ciencia económica y no a la retórica oportunista.
Es entonces factible reducir la inseguridad? De manera categórica y sin lugar a dudas se puede afirmar que este flagelo puede reducirse a cero pero, como todas las cosas, tiene su costo y este reposa sobre la famosa relación económica “costo/beneficio”.
La evasión tributaria fue durante años sindicada como la madre de todos los males argentinos. Sin embargo, durante la administración Kirchner, fue sustancialmente reducida luego de dotar al fisco de sofisticadas herramientas informáticas, mejoras edilicias, modernos equipamientos y un marco legal que otorgó al estado de facultades recaudatorias que antes no poseía.
Si se deseara reducir la inseguridad a su mínima expresión sería necesario una mayor cantidad de policías por ciudadano, dotados con su correspondiente equipamiento (armas, comunicaciones, vehículos, instrucción, etc.,)
Luego un sistema judicial que se encargue de juzgar rápidamente al delincuente, fijando una condena ajustada a derecho y en caso de privarlo de su libertad ambulatoria, alojarlo en un lugar adecuado previendo su futura reinserción social.
Todo esto implicaría más inversión y por consiguiente más fondos que deberían desembolsar los contribuyentes para poder financiarla ya que al estado, no le sobra precisamente el dinero. Esto a menos que reasigne sus partidas presupuestarias o bien se fijen nuevos impuestos.
Hasta que carga tributaria adicional estaría dispuesta la sociedad a soportar para gozar de mayor seguridad? Que político tomaría la decisión de fijar un impuestazo para solventar y solucionar el problema de manera definitiva?
En síntesis, desde un punto de vista económico estamos frente a un dilema de costo/beneficio.
El titular de la AFIP, anunció para el año próximo la digitalización de la firma, foto y huella dactilar de los contribuyentes – una suerte delincuentes en libertad condicional – en tanto, policías han denunciado que deben comprar sus propias municiones y chalecos antibalas. Cabe acaso alguna duda que es una mera cuestión de prioridades al asignar las partidas?
La visita por cualquier tribunal, permite advertir que seguramente algún juez quedará atrapado por un alud de expedientes mal apilados. (las imágenes de la sala donde tuvo lugar la conciliación entre la Dra. Carrió y el Dr. Duhalde por un juicio sobre calumnias e injurias fueron más que elocuentes sobre lo expuesto)
Los mismos funcionarios del poder judicial afirman que de bajar la edad de imputabilidad de los menores no habría lugar donde alojarlos. Cifras oficiales confirman que solamente el 20% de los detenidos tienen condena firme.
Que docente resignaría sus reclamos salariales para el próximo curso lectivo a cambio de un patrullero en la puerta de cada escuela? Nuevamente Costo vs. Beneficio.
Mientras la gente se enreda en especulaciones y debates sobre la aplicación de la pena de muerte, bajar la edad de imputabilidad de los menores o la problemática de la droga, las autoridades especulan sobre el “costo / beneficio” de adoptar las medidas para solucionar el problema, a sabiendas que el presupuesto es una frazada corta que cuando cubra su cabeza, dejará necesariamente sus pies al descubierto.
No obstante es de imperiosa necesidad que se den rápidamente señales claras de cara a la sociedad, pues se corre el riesgo que la ciudadanía se vea tentada de tomar la “justicia” o mejor dicho, la “venganza” en sus propias manos.
Dr. Gustavo Manuel MARANTE
De la mano de un importante operativo policial, quedaba nuevamente instalada dentro de la agenda social y también mediática la cuestión de la inseguridad.
Funcionarios y distintas personalidades opinaron sobre el problema, sin desaprovechar la posibilidad para criticar las posturas de sus interlocutores mostrándose, aparentemente más interesados en llevar agua para su propio molino que en resolver la cuestión de fondo.
La intención del presente comentario es aportar una visión diferente del problema, apelando a tal fin a conceptos de la ciencia económica y no a la retórica oportunista.
Es entonces factible reducir la inseguridad? De manera categórica y sin lugar a dudas se puede afirmar que este flagelo puede reducirse a cero pero, como todas las cosas, tiene su costo y este reposa sobre la famosa relación económica “costo/beneficio”.
La evasión tributaria fue durante años sindicada como la madre de todos los males argentinos. Sin embargo, durante la administración Kirchner, fue sustancialmente reducida luego de dotar al fisco de sofisticadas herramientas informáticas, mejoras edilicias, modernos equipamientos y un marco legal que otorgó al estado de facultades recaudatorias que antes no poseía.
Si se deseara reducir la inseguridad a su mínima expresión sería necesario una mayor cantidad de policías por ciudadano, dotados con su correspondiente equipamiento (armas, comunicaciones, vehículos, instrucción, etc.,)
Luego un sistema judicial que se encargue de juzgar rápidamente al delincuente, fijando una condena ajustada a derecho y en caso de privarlo de su libertad ambulatoria, alojarlo en un lugar adecuado previendo su futura reinserción social.
Todo esto implicaría más inversión y por consiguiente más fondos que deberían desembolsar los contribuyentes para poder financiarla ya que al estado, no le sobra precisamente el dinero. Esto a menos que reasigne sus partidas presupuestarias o bien se fijen nuevos impuestos.
Hasta que carga tributaria adicional estaría dispuesta la sociedad a soportar para gozar de mayor seguridad? Que político tomaría la decisión de fijar un impuestazo para solventar y solucionar el problema de manera definitiva?
En síntesis, desde un punto de vista económico estamos frente a un dilema de costo/beneficio.
El titular de la AFIP, anunció para el año próximo la digitalización de la firma, foto y huella dactilar de los contribuyentes – una suerte delincuentes en libertad condicional – en tanto, policías han denunciado que deben comprar sus propias municiones y chalecos antibalas. Cabe acaso alguna duda que es una mera cuestión de prioridades al asignar las partidas?
La visita por cualquier tribunal, permite advertir que seguramente algún juez quedará atrapado por un alud de expedientes mal apilados. (las imágenes de la sala donde tuvo lugar la conciliación entre la Dra. Carrió y el Dr. Duhalde por un juicio sobre calumnias e injurias fueron más que elocuentes sobre lo expuesto)
Los mismos funcionarios del poder judicial afirman que de bajar la edad de imputabilidad de los menores no habría lugar donde alojarlos. Cifras oficiales confirman que solamente el 20% de los detenidos tienen condena firme.
Que docente resignaría sus reclamos salariales para el próximo curso lectivo a cambio de un patrullero en la puerta de cada escuela? Nuevamente Costo vs. Beneficio.
Mientras la gente se enreda en especulaciones y debates sobre la aplicación de la pena de muerte, bajar la edad de imputabilidad de los menores o la problemática de la droga, las autoridades especulan sobre el “costo / beneficio” de adoptar las medidas para solucionar el problema, a sabiendas que el presupuesto es una frazada corta que cuando cubra su cabeza, dejará necesariamente sus pies al descubierto.
No obstante es de imperiosa necesidad que se den rápidamente señales claras de cara a la sociedad, pues se corre el riesgo que la ciudadanía se vea tentada de tomar la “justicia” o mejor dicho, la “venganza” en sus propias manos.
Dr. Gustavo Manuel MARANTE
